Estimados vecinos y vecinas:Han transcurrido más de cuarenta y cinco (45) días desde que el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante una propuesta destinada a armonizar la normativa vigente con el objetivo de simplificar procedimientos, evitar superposiciones de funciones y brindarmayor previsibilidad tanto a quienes prestan servicios para el Municipio como a los vecinos que dependen de esas prestaciones.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de las reiteradas instancias de diálogomantenidas con el Concejo Deliberante, la propuesta continúa sin resolución.
Esta situación no resulta imprevista. Precisamente para evitar demoras y dificultades administrativas, el Ejecutivo impulsó oportunamente una adecuación normativa orientada a agilizar la gestión municipal y garantizar la continuidad de servicios esenciales. La necesidad de avanzar en ese sentido no surge únicamente de una iniciativa del Ejecutivo, sino que también ha sido señalada en distintas oportunidades por la Auditoría Municipal, que ha advertido sobre la conveniencia de evitar superposiciones funcionales entre órganosdel Estado Municipal y dotar a los procedimientos de mayor claridad y previsibilidad.
Corresponde además señalar que el régimen actualmente vigente fue establecido mediantela Ordenanza N° 4274/25 y sus efectos alcanzan exclusivamente al Departamento Ejecutivo Municipal.
Los restantes órganos de control y gobierno del Estado Municipal —el ConcejoDeliberante, la Auditoría Municipal y la Defensoría del Pueblo— continúan gestionando sus contrataciones bajo los mecanismos que la Carta Orgánica les reconoce, sin encontrarse sujetos a las mismas limitaciones que hoy se aplican al Ejecutivo. Asimismo, resulta relevante recordar que el Departamento Ejecutivo no participó del debate legislativo que dio origen a dicha ordenanza, pese a ser el único órgano municipal alcanzado por las restricciones allí incorporadas.
En consecuencia, se estableció un régimen que modificó aspectos sustanciales vinculados a la gestión administrativa del Ejecutivo sin contar con la participación institucional del área directamente afectada por esas disposiciones.
Esta diferencia de tratamiento genera una evidente asimetría institucional, ya que las restricciones incorporadas para el Departamento Ejecutivo no fueron extendidas al resto de los órganos municipales, aun cuando todos forman parte del mismo Estado Municipal y administran recursos públicos. Precisamente, uno de los objetivos de la propuesta de armonización normativa impulsada por el Ejecutivo era corregir estas diferencias, adecuar los procedimientos a criterios uniformes y evitar que la prestación de servicios esenciales quedara condicionada por mecanismos que no se aplican de igual manera al resto de las instituciones municipales.
Las reglas deben ser iguales para todos los órganos del Estado Municipal. Lo contrario no fortalece el control institucional ni mejora la transparencia; simplemente genera desequilibrios en el ejercicio de las responsabilidades que la propia Carta Orgánica asigna a cada poder.
Como consecuencia de la falta de adecuación normativa propuesta oportunamente, el Municipio deberá remitir para su tratamiento más de cincuenta renovaciones contractuales cuyos vencimientos operan el próximo 30 de junio, incluyendo profesionales, talleristas, operadores sociales, psicólogos, cuidadores, personal vinculado a personas mayores, personas con discapacidad, proyectos habitacionales, planificación urbana y múltiples servicios que forman parte del funcionamiento cotidiano del Estado Municipal.
Resulta preocupante que contrataciones que se encuentran dentro de las facultades administrativas del Departamento Ejecutivo queden sujetas a mecanismos de autorización mediante mayorías agravadas del Concejo Deliberante. Cuando decisiones propias de la gestión cotidiana pasan a depender de autorizaciones políticas previas, se incorpora un grado de discrecionalidad ajeno al diseño institucional previsto por la Carta Orgánica Municipal, trasladando al ámbito legislativo responsabilidades que corresponden a la administración ejecutiva. La discusión no pasa por la transparencia ni por los mecanismos de control institucional,que son atribuciones legítimas del Concejo Deliberante.
Lo que se encuentra en debate essi corresponde que decisiones vinculadas a la contratación y administración de recursos necesarios para garantizar servicios públicos esenciales queden sujetas a una valoración política circunstancial, aun cuando se trate de contrataciones encuadradas dentro de las facultades que la propia Carta Orgánica reconoce al Departamento Ejecutivo.
Queremos ser claros con todos los prestadores de servicios cuyos contratos vencen el próximo 30 de junio: cualquier demora que pudiera producirse en sus renovaciones no obedece a su desempeño profesional ni a una decisión de este Departamento Ejecutivo, sino a la falta de resolución de mecanismos administrativos cuya modificación fue propuesta oportunamente para evitar precisamente este escenario. Pero esta situación no impacta únicamente en quienes prestan servicios al Municipio.
También puede repercutir directamente en la comunidad. Detrás de cada contrato hay servicios que los vecinos utilizan y necesitan todos los días: la atención de personas mayores, el acompañamiento de personas con discapacidad, la asistencia social, el apoyo psicológico, los talleres culturales, las actividades de la Orquesta Municipal, los programas de inclusión, los proyectos habitacionales y múltiples acciones que forman parte de lapresencia cotidiana del Estado Municipal. Cuando los procesos administrativos se demoran, no se perjudica al Ejecutivo. Se resiente la capacidad del Municipio para sostener con normalidad servicios esenciales que esperan y necesitan los vecinos.
Porque cuando las facultades se superponen, también se diluyen las responsabilidades frente a la comunidad. Todavía estamos a tiempo de evitar que una cuestión administrativa termine afectando servicios esenciales. Los vecinos esperan que las instituciones trabajen para resolver los problemas, no para profundizarlos.
Desde el Departamento Ejecutivo seguiremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para garantizar la continuidad de las prestaciones municipales, pero creemos necesario que cada institución asuma la responsabilidad que le corresponde para evitar demoras que terminan afectando a toda la comunidad. No estamos discutiendo expedientes ni cuestiones partidarias.
Estamos hablando de servicios que utilizan nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, niños, jóvenes y familias de Villa La Angostura. Estamos hablando de profesionales y trabajadores que sostienen esas prestaciones y de vecinos que esperan respuestas concretas del Estado.
Los vecinos esperan que los servicios funcionen, que los profesionales puedan seguir trabajando y que el Estado responda cuando se lo necesita. Esa debe ser la prioridad de todos
